La UE rebaja sus ambiciones climáticas

La Unión Europea ha cerrado un acuerdo para fijar en el 90% la reducción de emisiones de CO₂ para 2040 respecto a los niveles de 1990, pero lo hace ampliando de forma sustancial las flexibilidades a las que podrán acogerse los Estados miembros. Es la llamada Ley Europea del Clima, que llega tras una negociación “extremadamente difícil” que se prolongó casi 24 horas en Bruselas. Finalmente, los ministros de Medio Ambiente lograron preservar la meta propuesta por la Comisión Europea, aunque introduciendo nuevos atajos que suavizan el esfuerzo interno real y buscan proteger la competitividad industrial en un contexto económico complejo.

El pacto establece que la reducción doméstica de emisiones será del 85% y que el tramo restante, hasta el 90% anunciado, podrá cubrirse mediante créditos internacionales de carbono. Esto supone elevar significativamente el margen inicialmente planteado por la Comisión, que limitaba el uso de estos créditos a un 3%. El mecanismo permitirá que parte de la reducción se lleve a cabo fuera de la Unión Europea mediante la compra de derechos en terceros países, donde los proyectos de mitigación o absorción de CO₂ resultan más eficientes en términos de coste. Según el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, esta fórmula es “justa y equilibrada”, ya que “el planeta no distingue dónde se producen las emisiones” y permite combinar un alto nivel de ambición con criterios de eficiencia económica.

Para ser computados en el objetivo de 2040, estos créditos deberán ser “de alta calidad” y su impacto plenamente “verificable”, en respuesta a las dudas existentes sobre la efectividad real de ciertos proyectos internacionales. A pesar de ello, varios Estados miembros han defendido su uso como instrumento imprescindible para mantener la competitividad del tejido industrial, especialmente en sectores altamente expuestos a la transición energética. El acuerdo fue aprobado con mayoría cualificada, aunque con los votos en contra de Hungría, Eslovaquia, Polonia y República Checa, además de dos abstenciones.

La negociación también estuvo marcada por la presión de los países más escépticos, que forzaron concesiones adicionales, entre ellas el aplazamiento de un año en la entrada en vigor del nuevo sistema ETS2, que extenderá el comercio de derechos de carbono al transporte por carretera y a los edificios. Este mecanismo implicará que empresas y hogares empiecen a asumir el coste directo de sus emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles. Su retraso alivia temporalmente la presión sobre los sectores afectados, pero supone postergar uno de los pilares clave de la planificación climática comunitaria.

El acuerdo europeo deberá pasar ahora por el Parlamento, aunque su aprobación no requiere unanimidad. De fondo queda la cuestión de si la flexibilidad introducida facilitará la transición o, por el contrario, diluirá la efectividad de las políticas climáticas del bloque. La UE mantiene sobre el papel uno de los compromisos más ambiciosos del mundo desarrollado, pero su implementación dependerá de la capacidad de equilibrar exigencia climática y viabilidad económica en un contexto global cada vez más competitivo.

FUENTE: El Mundo, Expansión.